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Escrito por D.I.P Lunes, 23 de Julio de 2012 14:46
***La funcionaria representó al Presidente Lobo Sosa en la presentación de los informes de “Derechos Humanos y Justicia Juvenil” y “Derechos Humanos” elaborados por la CIDH, el ACNUDH y el UNICEF.
La designada presidencial y ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, reiteró este lunes, la política de irrestricto respeto a los derechos humanos en Honduras, de parte del Presidente Porfirio Lobo Sosa, en un evento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF).
“Es un momento importante de hacer una revisión del tratamiento de los jóvenes que cometen actos que riñen con la justicia, partiendo de la posición que siempre ha mantenido el Presidente Lobo de respeto a los derechos humanos, y en este campo de temas de juventud, esto tiene que ver con la prevención”, dijo.
La funcionaria, quien alabó el trabajo realizado por la CIDH y la ONU con la presentación de los informes de “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos” y “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, aseveró que queda claro que existe una línea muy delgada para el Estado, por un lado, en evitar que los menores delincan, y por otro lado, en preservar su integridad en los diversos centros de rehabilitación.
“Sabemos que no sólo en Honduras, sino que en toda la región, la población juvenil es usada por el crimen organizado, entonces el informe plantea un aspecto muy importante sobre dónde están aquellos adultos que instan o que comprometen a jóvenes, este es un contexto muy complejo, nada sencillo, pero que si demanda compromisos y uno de ellos es seguir articulando el trabajo de todos los operadores de justicia”, expresó.
Añadió que lo importante de estos informes es que contribuyen a la búsqueda de los mecanismos que vayan orientando las políticas y las actuaciones de los Estados en términos de proteger los derechos humanos.
“Este tema merece el compromiso de toda la sociedad, recordemos que el Estado es sólo un garante, por ejemplo, la acción de la familia actúa y determina en gran medida la actuación de los jóvenes”, manifestó.
Asimismo, Guillén sostuvo que nadie puede concebir un país, ni un continente, ni un mundo, donde no prevalezcan la seguridad ciudadana, los derechos humanos y la justicia, particularmente para la juventud.
“Particularmente, nos llama la atención, a diferencia del derecho civil que rige en una sola nación, que los derechos humanos trascienden las fronteras de las naciones, para convertirse en algo por lo que debemos de velar todos los gobiernos del mundo, y en esto el Presidente mantiene su voluntad y compromiso”, acotó.
Aseguró que no hay nada más erróneo que creer que la seguridad violenta los derechos humanos, puesto que ambas van de la mano y no son incompatibles, pues el derecho a la vida es el primer derecho inherente.
“Entonces lo que nos trae a esta mesa de conversación es cómo hacemos ese balance y ese encuentro de compatibilidad entre preservar los derechos de todos y hacer cumplir la ley, dando especial atención a cómo deben ser tratados los menores de edad en el ámbito de aplicar la justicia como corresponda”, consideró.
Finalmente, la designada presidencial y ministra de la Presidencia, indicó que “es el momento de no sólo escuchar los resultados de un informe, sino de ver cómo estos resultados los traemos a una realidad”.
En la presentación de los informes “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos” y “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, estuvieron, la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, Gina Watson, la representante de UNICEF en Honduras, Cristian Munduate, el ministro consejero de la embajada de Estados Unidos en Honduras, Matthias Mitman, la relatora sobre derechos de la niñez de la CIDH, Rosa Ortiz y el asesor en derechos humanos de la ONU, Antonio Maldonado Paredes.
Igualmente, participaron, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio y la viceministra de Seguridad, Marcela Castañeda.
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