• Se ponen en riesgo compromisos del Estado como salarios, aguinaldos o compra de medicamentos, entre otros.

Tegucigalpa, 8 de marzo. El presidente Juan Orlando Hernández vetó hoy el decreto que modifica el artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en el que se propone eximir del pago de ese impuesto a los trabajadores que ganan menos de 15,087 lempiras.

 

El veto se debe a que en el proyecto de decreto elaborado por el Poder Ejecutivo se contemplaban ---815--- millones de lempiras en exenciones para la clase trabajadora y no por el orden de los 2,300 millones de lempiras, como se estableció en el Congreso Nacional.

En comparecencia de prensa en Casa Presidencial, el ministro Coordinador General de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, informó que "será regresado al Congreso Nacional, con un veto por parte del presidente de la República, el decreto que modificaba la base del primer tramo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), para las personas que están exceptuadas del ISR".

"Esto sucede así, porque el decreto en mención no corresponde a las negociaciones que se dieron en el Congreso Nacional, durante el año pasado", explicó.

Hernández Alcerro afirmó que la modificación afectaría de manera muy significativa las finanzas públicas y, por consiguiente, el financiamiento de los programas sociales, como los de salud y educación, y el cumplimiento de varias obligaciones del Estado, entre ellas el pago de sueldos y salarios de los empleados públicos.

Además, el mandatario tomó en cuenta "que ese decreto está estableciendo obligaciones de tipo retroactivo para el Estado, y de tipo acumulativo, y naturalmente no se pueden establecer disposiciones con carácter de retroactividad", precisó.

Asimismo, el funcionario del Ejecutivo señaló que las disposiciones de retroactividad se podrán hacer, menos sobre recursos del Estado que ya han sido ejecutados en el curso de los últimos cinco años, lo cual "es importante dejarlo establecido".

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Responsabilidad en las finanzas

El ministro de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico, Wilfredo Cerrato, dijo que, de oficio, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) hace una revisión sobre la exoneración a nivel de las escalas y la medición del impacto en las finanzas que tiene esta modificación del decreto.

Recordó que meses atrás, en reunión con la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, incluyendo miembros del Partido Liberal y la diputada que presentó esa iniciativa, Gabriela Núñez, se cuantificó el impacto de esta corrección o reforma en 812 millones de lempiras.

"Como lo dijo en ese momento el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, había que cumplir la ley y había que hacer dicha modificación; incluso el 27 de octubre se emitió un dictamen por parte de la Secretaría de Finanzas del impacto que ocasionaría en las finanzas esta reforma", explicó Cerrato.

Sin embargo, señaló que "lastimosamente en la redacción no se redacta y no se aprueba como lo habíamos estimado, como lo habíamos acordado y como lo habíamos presupuestado".

Indicó que el Congreso Nacional volvió a pedir una opinión y se vio que el impacto va por más de 2,300 millones de lempiras.

"Nosotros dimos una alternativa, que es que se respete lo que se había acordado. El Estado tiene la capacidad de absorber menos ingresos por 812 millones de lempiras, producto de una reducción en los gastos operativos", admitió Cerrato.

"Pero el hablar de 2,300 millones de lempiras quien presenta esta iniciativa debe ser lo suficientemente responsable y cumplir con lo que dice la Ley General de Presupuesto, de identificar cuál será la fuente de financiamiento, en este caso para sustituir esta falta de ingreso por más de 2,300 millones de lempiras", advirtió el titular de Finanzas.

Ejemplificó que sólo para tener una idea de este valor, "si es poco, si es bastante, si es más o menos, los aguinaldos equivalen alrededor de ese valor, de 2,500 millones de lempiras".

"Si no se actúa con responsabilidad y como dice la Ley General de Presupuesto, aquí se está poniendo en riesgo por ejemplo: los salarios de enfermeros (as), maestros, doctores y policías", puntualizó el funcionario.

"Por eso se debe actuar con mucha responsabilidad y, como ya lo dice la Ley General de Presupuesto, debe de identificarse la fuente financiamiento", concluyó Cerrato.

Compromisos del Estado

La directora de la DEI, Miriam Guzmán, aclaró que, a pesar de lo que implica no percibir más de 800 millones de lempiras, "es interés del Gobierno de la República privilegiar o beneficiar a esa base de población que está por debajo de los 15 mil lempiras mensuales o que estén exentos del ISR".

"Sabemos lo que eso significa para las finanzas del país, con compromisos previamente establecidos, de cara a los proyectos sociales que se están implementando; compromisos de pagos de sueldos de maestros, médicos, enfermeras, de personal auxiliar del sistema de salud pública", dijo Guzmán.

Expuso que ahora la DEI debe hacer más eficientes los procesos para equilibrar esos 812 millones que no va a percibir, se va a revisar el primer tramo exento del ISR, aplicar procesos de fiscalización mucho más acertados y dirigidos y se va a hacer un esfuerzo para tener un mejor rendimiento en el Impuesto Sobre la Venta.

Guzmán explicó que en la DEI, cuando se hizo un primer análisis de la ley que ordena la revisión del primer tramo exento, fue al tenor de lo que el decreto literalmente establecía, que era hacer la revisión en función del Índice de Precios al Consumidor fijado por el Banco Central.

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Añadió que ese primer análisis mostraba un impacto cercano a los 164 millones de lempiras, porque se elevaba la base exenta de los 110 mil lempiras a los 116 mil, más los 40 mil lempiras que la ley otorga.

Empero, por la forma en la que se presentó la iniciativa, "realiza un impacto significativo, no solo porque se aumenta la base exenta, sino porque se rompen los techos haca arriba y con ese rompimiento lo único que se está haciendo es privilegiando a aquellos sectores que sí tienen capacidad adquisitiva".

Guzmán remarcó que esos sectores, "en función de ser esta una sociedad más justa, devienen en la obligación de pagar impuestos en proporción de lo que sus ingresos establecen".

Reconsideración de decreto por el CN

Para el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, hay acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en cuanto a revisar esa parte de la ley del ISR, pues, en la forma en que se redactaron los alcances, van más allá de lo deseado.

"Cuando se hicieron las proyecciones, inmediatamente se concluyó que se ponía en riesgo el financiamiento del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016", dijo Díaz.

Díaz afirmó que, en razón de ese efecto que pone en peligro el pago de aguinaldos, medicamentos, salarios y otros compromisos para el último tramo del actual ejercicio fiscal, el presidente de la República decidió, en el tiempo adecuado, vetar el decreto que fue enviado por el Congreso Nacional.

Sin embargo, explicó que él (Díaz), en aras de buscar una conciliación, personalmente habló "con varios diputados de diversos partidos para buscar una solución, lo que al final fue bastante complicado".

Debido a eso, afirmó que se devolverá el decreto al Congreso, con la fórmula tal y como establece la Constitución de la República, pero planteando una solución para que el Legislativo pueda reconsiderarlo.

Díaz enfatizó que "no estamos en contra de que los que menos ingresos tienen en el país queden exentos en las bases acordadas".

Sin embargo, señaló que "el tema es que el efecto, por la forma en que se redactó, por el efecto acumulativo y retroactivo, crea un impacto que pone en serios aprietos el ejercicio fiscal en cuanto al financiamiento del presupuesto".


MICROSITIO CUMBRE DEL SICA