Consejo de Ministros aprueba decreto de emergencia para salvar al Hospital Escuela

Escrito por D.I.P Martes, 28 de Agosto de 2012 20:43

En una extensa exposición sobre la situación calamitosa en que se encuentra el principal centro asistencial del país, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, reveló que en este momento, el Hospital Escuela, no llega ni siquiera a ser un centro de salud.

El kilométrico Consejo de Ministros ampliado, aprobó este martes por la tarde noche, un decreto de emergencia para sacar del coma en que se encuentra al Hospital Escuela, luego de un extenso informe presentado por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, quien reveló la calamitosa situación del centro asistencial que actualmente no cuenta ni con antibióticos.

En el decreto, se instruye a la Secretaría de Finanzas a gestionar ante el Congreso Nacional, una ampliación presupuestaria de 172.6 millones de lempiras, para que la UNAH pueda hacer contrataciones y compras directas a fin de abastecer de medicamentos al Hospital Escuela.

En ese sentido, se declara estado de emergencia en el Hospital Escuela, para los efectos contemplados en la Ley de Contratación del Estado, facultándose a las autoridades del Hospital Escuela, para que, amparándose en el supuesto establecido en la Ley de Contratación del Estado y mediante el procedimiento de contratación directa, contrate directamente la construcción de obras públicas, el suministro de bienes o de servicios, la prestación de servicios de consultoría que fuesen necesarios, sin sujetarse a los requisitos de licitación y demás disposiciones reglamentarias.

En el artículo 2, se instruye a la Secretaría de Finanzas, para que gestione ante el Congreso Nacional, para que a la mayor brevedad posible haga una ampliación presupuestaria al Ministerio de Salud por 172.6 millones de lempiras al presupuesto asignado al Hospital Escuela para concluir el período fiscal 2012, valor que será transferido a la UNAH para su administración como lo establece el convenio interinstitucional entre órganos de la administración pública para la asignación de la dirección, administración y funcionamiento del Hospital Escuela a la UNAH, en tanto se suscribe el contrato de fideicomiso. Igual procedimiento seguirá con el presupuesto no ejecutado en 2012.

Asimismo, en el artículo 3, se establece que la Secretaría de Salud, como también fue convenido, asumirá la deuda del Hospital Escuela con proveedores de bienes y servicios que corresponde a años anteriores y primer semestre de 2012.

Los documentos de adquisición o compra que se suscriban al amparo del decreto, se celebrarán de conformidad a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento y las autoridades del Hospital Escuela deberán notificarlos y remitirlos a la Secretaría de Salud para sus registros y archivos y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), dentro del plazo legal respectivo, agrega el decreto.

El decreto tiene una vigencia temporal del 1 de septiembre de 2012 al 30 de junio de 2013.

Durante la discusión y aprobación del decreto se revelaron aspectos como que en la administración anterior del Hospital Escuela una caja de hilo para suturación se adquiría a mil 350 lempiras y la UNAH lo compró a 345 lempiras.

Castellanos también reveló las compras y licitaciones revisadas, ninguna cuenta con la respectiva garantía de calidad que según la Ley de Contratación de Estado debería existir; y tampoco se encontraron copias de las garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento, que en las primeras etapas del proceso de licitación debieron solicitarse a los oferentes.

“Nosotros consideramos importante que los responsables paguen con una sanción moral”, dijo el Presidente Porfirio Lobo Sosa, al referirse a la adulteración en los precios de las compras hasta en un 50 por ciento.

El Consejo de Ministros también terminó de aprobar el decreto adicional de medidas de ahorro y contención del gasto que el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, había presentado en horas de la mañana en la reunión que se celebró en Vallecito, Dulce Nombre de Culmí, Olancho.

El decreto consigna que los funcionarios o empleados del sector público, que tengan que asistir a eventos oficiales fuera del país, atendiendo alguna invitación de organizaciones internacionales, podrán participar siempre y cuando los viáticos y otros gastos de viaje sean cubiertos en su totalidad por los patrocinadores.

El documento señala que los viajes oficiales al extranjero que han sido debidamente justificados, se limitarán a dos personas por institución y que en todo caso a nivel general no se autorizará ningún complemento cuando se les proporcionen viáticos por el organismo patrocinador o promotor del evento.

Asimismo, prohíbe el uso de vehículos oficiales en horas y días inhábiles, advirtiendo que quien incumpla esta disposición sin el debido permiso u autorización será suspendido por un término de 15 días hábiles sin goce de salario y que la cualquier reincidencia dará lugar a su despido sin ninguna responsabilidad para el Estado, aunque se excluye a los automóviles de instituciones que atienden situaciones de emergencia como el caso de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

La iniciativa añade que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) corroborará que los vehículos estatales estén bien identificados con la Bandera Nacional y el emblema o logotipo de la institución a la cual pertenecen.

Adicionalmente, se ordena reducir en un 30 por ciento el saldo a la fecha de la asignación para horas extras en el sector público y en un 50 por ciento en los gastos de alimentos, bebidas, ceremonial y protocolo, a excepción del .

Los límites a las horas extras exceptúa los valores que se incorporan por concepto de ingresos propios de las instituciones, al igual que excluye en la asignación de alimentos y bebidas a personas, a los ministerios de Salud, Defensa, Seguridad, Desarrollo Social y Trabajo y Seguridad Social (guarderías), así como al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Secretaría de Desarrollo Social y los que trabajen en la atención a niños y jóvenes.

El instrumento faculta a las empresas públicas para que dentro del término de este año y a partir de la vigencia de la presente ley, procedan a efectuar el saneamiento y conciliación de las cuentas pendientes de pago por prestación de servicios, procediendo a la subrogación para la recuperación de la deuda en mora, exonerándola del pago de multas, intereses moratorios, cargos y recargos, al tiempo que se refiere a la necesidad de reducirles escoltas y carros de seguridad a los ex dignatarios o funcionarios que no lo requieran.

Igualmente, se ordena a reducir en un 16 por ciento los salarios de los funcionarios públicos que ganen de 100 mil lempiras hacia arriba a partir de septiembre del presente año y que las medidas contenidas en el artículo 1 del decreto PCM-029-2012 serán aplicadas en estricto apego a la Constitución y demás leyes.

Instruye también que los consultores internacionales y nacionales contratados bajo los programas y proyectos financiados con fondos externos se regirán por lo establecido en los convenios de crédito, acuerdo, memorandos de entendimiento o convenios de donación, por lo tanto, están exentos de la aplicación de los artículos 1 y 2 del decreto ejecutivo PCM-029-2012, no así los consultores internacionales o nacionales a ser financiados con recursos nacionales como contraparte, a quienes si se le aplicará esta medida de ahorro.

En el Consejo de Ministros, representantes del Grupo Popa, hicieron una presentación sobre el mecanismo de subasta a la inversa dirigida a la compra y adquisición de medicamentos de la Secretaría de Salud, para lo cual, el Mandatario instruyó que se reúnan con una comisión que se ha nombrado para tal efecto y se pongan de acuerdo para diseñar una propuesta.

Asimismo, el Presidente Lobo Sosa, conformó una comisión encabezada por los alcaldes de Comayagua, Carlos Miranda; Villa de San Antonio, Armando Velásquez y La Paz, Filiberto Isaula, para que junto a los miembros de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público Privadas (Coalianza) integren otros miembros que estimen pertinentes a fin de participar en la negociación para la construcción del aeropuerto civil en Palmerola que sustituirá en los vuelos internacionales a la terminal aérea de Toncontín en Tegucigalpa. En la sesión del Consejo de Ministros, también participó el diputado Rodolfo Zelaya de la comisión de seguridad del Congreso Nacional. La comisión tendrá su primera reunión el próximo jueves a las 2:00 de la tarde en Palmerola.

Lobo Sosa también conformó otra comisión para abordar la situación crítica que atraviesa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La comisión está integrada por el gerente de la institución, Emil Hawit; el presidente del sindicato, Miguel Aguilar: el titular de la Comisión Nacional de Energía, Napoleón Soto y el viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y el Ambiente (SERNA); Jonathan Laínez.

Igualmente, la comisión buscará otros actores que estime conveniente para integrar la mima y posteriormente presentarán una propuesta al Mandatario a fin de rescatar financieramente a la ENEE.

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