Sala de Prensa

En esta sección podrás mantenerte informado de los programas, obras y actividades que realiza el Gobierno de Honduras.

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Tegucigalpa, 2 de enero. En apenas dos días, 55 privados de libertad murieron en cuatro cárceles de Brasil y 29 internos fallecieron en otro centro de detención en Venezuela el año pasado.

Estos acontecimientos, más los ocurridos en otras prisiones de Guatemala, El Salvador y Honduras, demuestran que la violencia en las cárceles es un problema estructural de enormes dimensiones en el continente.

En la mayoría de los casos se conjugan detonantes como la corrupción, la intimidación y las amenazas.

Muchos agentes penitenciarios ceden a la tentación del dinero para permitir el ingreso de armas, drogas y sistemas de comunicación.

Pero también hay agentes que son intimidados por los internos, que amenazan a su vez a sus familias o parientes cercanos.

Esta podredumbre es la regla y no la excepción en la mayoría de las cárceles latinoamericanas.

En el caso de Honduras, las cárceles volvieron a ser noticia por la violencia que dejó un saldo de 37 privados muertos en el mes de diciembre pasado.

Aunque estos hechos sonaron las alarmas, lo cierto es que distan mucho de la violencia extrema que se vivía hace una década, cuando se registraban hasta 200 muertes por año.

Honduras ha construido un sistema moderno para garantizar la seguridad máxima y la rehabilitación integral del privado de libertad.

Sin embargo, este sistema y sus rigurosos protocolos fueron vulnerados por los propios agentes penitenciarios.

Para corregir las anomalías, Honduras decidió poner el control del sistema penitenciario en manos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Problemas estructurales

El sistema penitenciario en la región tiene problemas estructurales que pocos gobiernos quieren enfrentar.

Prueba de ello fue la muerte, en apenas dos días, de 55 presos en cuatro cárceles de Brasil.

Las autoridades brasileñas informaron que 40 reclusos fueron hallados muertos, en su mayoría "con indicios de muerte por asfixia", en cuatro prisiones de Amazonas, un día después de que una pelea en uno de esos centros dejara otros 15 fallecidos.

La Secretaría de Administración Penitenciaria de Amazonas (SEAP) informó en un comunicado que las muertes "estarían motivadas por una ruptura entre presos que integraban un mismo grupo criminal y que actúa en el tráfico de drogas en el Estado".

También aseguró que la intervención de los agentes evitó la muerte de al menos otros 200 reclusos "jurados de muerte".

Tres de las prisiones donde ocurrió la mayoría de las muertes son edificios cercanos, ubicados a unos 28 kilómetros de Manaos, capital de Amazonas.

"El hecho que las muertes fueron coordinadas en cuatro presidios diferentes sugiere que se trató de un ajuste de cuentas", estimó Robert Muggah, director del instituto de investigación Igarape, de Río de Janeiro.

Esos hechos se repiten cada año en el país, pero no son los únicos.

Motín

En otra ocasión, la tragedia fue en Venezuela: por lo menos 29 personas murieron en un confuso motín carcelario en el estado venezolano de Portuguesa.

Entre el 2017 y 2018 se produjeron eventos similares que dejaron cerca de 39 y 68 fallecidos, respectivamente.

El más grave se dio en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo, donde la reyerta generó un incendio que cobró decenas de vidas y se convirtió en uno de los motines más graves del país en el último cuarto de siglo.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización no gubernamental que defiende a los reos, ha responsabilizado de este hecho al Ministerio de Servicios Penitenciarios, creado en 2011 por el Gobierno para atender los problemas del sector y encabezado por Iris Varela.

La OVP ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto en cárceles como en calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas, y que ha degenerado en el incremento de la violencia.

Los datos de la ONG aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Ejecutivo venezolano tienen una capacidad de 35.562 y la población reclusa es de 54.738.

Panorama latinoamericano

Gustavo Fondevila, académico del Centro de Investigación y Docencia de México (CIDE), es una de las personas que más conoce este tema.

Fondevila realizó un estudio en el que compara las prisiones de Brasil, Argentina, Honduras, Chile, Perú, El Salvador y México, y halló que las condiciones son muy similares: hacinamiento, sin guardias que controlen el interior y con dinámicas propias de venta de sexo, seguridad y alimentos.

Señaló que las cárceles más seguras "son aquellas donde la autoridad controla el penal, pero en la región, la mayoría de cárceles tienen un 'patrón', un criminal al mando de todo".

En El Salvador, incluso tienen relacionistas públicos que les tramitan entrevistas, reveló.

Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv), dijo que "hay mucha variación entre los distintos países. En Venezuela y El Salvador, por ejemplo, hay varias cárceles autogobernadas por los presos".

En cambio, en Chile y Perú, las autoridades tienen casi pleno control de lo que ocurre en sus pabellones.

En El Salvador, las prisiones están dominadas por las pandillas Barrio 18 y Salvatrucha 13 y en Brasil por Primer Comando da Capital o Comando Vermelho: Ellos imponen el régimen del terror.

En abril pasado, cinco pandilleros murieron durante una reyerta en una cárcel del Occidente de El Salvador.

En mayo de 2019, en una cárcel de Guatemala se reportó un hecho violento con saldo de siete muertos y al menos 19 heridos.

México enfrenta también una situación crítica y cerró el 2019 con violencia extrema. Y es que en una cárcel de la localidad de Zacatecas un partido de fútbol entre internos dejó 16 muertos y decenas de heridos.

El hacinamiento agrava el problema; las cárceles están entre 270 y 450 veces por encima de su capacidad y no hay inversión.

Mientras en Europa un Gobierno gasta en un preso entre 110 y 112 dólares, en la región se gasta entre 3 y 4 dólares, en el mejor de los casos, precisa.

Pese a las diferencias entre países, la constante de las cárceles de la región es que funcionan permanentemente excediendo el límite de su capacidad, concluyeron los expertos.

Honduras actúa

El Gobierno de Honduras ha tomado cartas en el asunto y nombró una Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

La Comisión tiene un plazo de seis meses para corregir anomalías en los centros penales que albergan a más de 21.000 privados de libertad.

Desde 2014 el Gobierno se propuso atacar este problema de raíz. Entre las medidas más importantes están la construcción de nuevas cárceles, módulos de máxima seguridad, creación de una política penitenciaria integral y un Instituto Nacional Penitenciario.

Adicional a ello se ordenó la destrucción del centro penal sampedrano y otros centros penales vetustos e inseguros.

Asimismo, se quitaron los privilegios a los reclusos y se ordenaron para ellos castigos ejemplarizantes por sus crímenes cometidos.

Actualmente, las autoridades aseguran que hay una reacción contra todas estas medidas, apoyadas inclusive por sectores políticos y hasta sociales que adversan al Gobierno.


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